En este plano, el cierre inmediato de la cárcel de Guantánamo, conocida oficialmente como Delta Camp, trabaja por el lado del símbolo, más que por su peso político específico. Los problemas en la guerra internacional contra el terrorismo son variados y de calado profundo.

Allí se cruzan una variedad de temas y objetivos de una densidad no reflejada en otros problemas hasta cierto punto bien delineados, como el económico, o el de la supremacía política. La guerra internacional contra el terrorismo trasciende más allá.

Seguridad y finanzas, los dos ejes de un sistema que intenta propagarse a una mayoría de países, no admite distracciones. Hay que asegurarlo inyectando una alta dosis de autoritarismo en los gobiernos bajo la pátina de la gobernabilidad.

Se podrá cerrar el Campo Delta, sin embargo el problema de instrumentos internacionales que legitimen o respalden este tipo de guerra contra el terrorismo, permanece, y tal vez se asiente más que antes.

Con resolver Guantánamo, o resolviendo la ocupación de Irak, o la próxima a gran escala de Afganistán, no se cierra el capítulo negro en el sistema de relaciones internacionales.

Guantánamo y el régimen de excepción

Con posterioridad a los atentados del 11 de septiembre, la guerra internacional contra el terrorismo es la figura política central adoptada en la administración Bush. Es respaldada en mucho sentido, por una resolución de la ONU en 2001 (Res: 1373-2001), que otorga un amplio margen de maniobra a cualquier gobierno para protegerse del terrorismo con redes internacionales.

A siete años de los atentados y por los resultados, los países que forman la ONU, tienen la obligación de revisar esta resolución que impulsa medidas para que los Estados funcionen bajo condiciones al límite de un régimen de excepción, en cuanto a libre circulación y protección de libertades individuales.

Bajo un estado en régimen de excepción, llega a Guantánamo el 10 de enero de 2002, un grupo de prisioneros de Afganistán. El 15 de enero del mismo año, se inicia la controversia si los prisioneros tienen derechos bajo la Convención de Ginebra. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, declara que al no ser prisioneros de guerra, no les corresponde ese derecho.

El 11 de marzo de 2003, al comenzar la invasión a Irak, la Corte de Apelaciones de EEUU establece que los detenidos del Campo Delta no tienen derecho a las cortes civiles. Guantánamo continuaba en segundo plano hasta que el 10 de octubre de 2003, por primera vez, un oficial de la Cruz Roja “filtra” que hay alrededor de 600 detenidos sin debido proceso, y maltratados. El asunto explotaba, aunque sin el simbolismo actual.

Desde la perspectiva de los instrumentos existentes, el Gobierno de Bush se ha sentido respaldado. Como que la ocupación de Irak, hubiera absorbido la energía y también las atrocidades que se cometerían en aras de la guerra internacional contra el terrorismo.

Por otra parte, en términos de Derecho Internacional, éste “deja en manos de los estados la elección de los medios conducentes a la observancia de sus compromisos internacionales”. (Remiro Brotóns.A; Derecho Internacional, pp 398. Mac Graw Hill. 1997).

El andamiaje jurídico en EEUU siente no obstante el peso de dos factores: primero, la ilegalidad del Campo Delta con 600 prisioneros sin debido proceso; y segundo, la ausencia de un marco jurídico local e internacional para legitimar el cauce legal que enjuicie a los detenidos. El 10 de noviembre de 2003, la Corte Suprema examina si las detenciones se pueden insertar en el sistema jurídico norteamericano.

Desde el pronunciamiento de la Corte Suprema, pasaron casi tres años, y el 16 de febrero de 2006 por primera vez oficiales de la ONU llaman al cierre inmediato del campo, denunciando abusos y torturas.

El Gobierno de EEUU entraba en la zona del alegato de Lord Hoffman contra Augusto Pinochet en 1998, cuando le acusa de ser responsable de tortura como política de Estado.

El 16 de junio de 2006 tres detenidos se suicidan, y en menos de una semana G.W. Bush insinúa la posibilidad del cierre del campo. La Corte Suprema declara el 26 de junio que el gobierno no tiene la autoridad de juzgar a los sospechosos a través de un tribunal militar, abriendo la puerta para que el Congreso se pronuncie.

El 29 de marzo de 2007, Robert Gates el nuevo secretario de Defensa, urge al Congreso a encontrar la forma de cerrar Guantánamo. Las presiones de los grupos de DDHH continúan, aunque el tema adquiere nueva notoriedad internacional con la elección de Barack Obama en noviembre de 2006.

Cambio o transición

Para EEUU, con un presidente como Barack Obama que aspira a rectificar errores mayores de la actual administración, Guantánamo representa la punta del iceberg en una masa de problemas que requerirá de tiempo y reconstrucción política.

Por su magnitud, es probable que la palabra “cambio” de lugar a una aspiración más acotada, como el de una “transición prolongada”.

Donde se observan dificultades, -por el clima internacional especialmente -, es en abordar cuestiones no resueltas en el derecho internacional, y en las Constituciones de los países.

En este sentido, por los resultados que se observan en dos ejemplos distintivos como Colombia y Pakistán, la guerra contra el terrorismo internacional ayuda más bien a gobernar, que a controlar el terrorismo.

En tiempos de crisis social y política, el uso de cualquier brecha legal para instalar medidas de excepción como las que impulsa la guerra contra el terrorismo, se torna aún más relevante.

El equipo político que decide iniciar la guerra internacional contra el terrorismo, - deliberadamente o por error- desata la inadecuación de la maquinaria legal sobre la cual se sustenta la idea de “nuevo orden internacional” esbozada a partir de dos variables: libre mercado y seguridad.

Los problemas de fondo están más allá de Guantánamo, y lo que se haga respecto a esta guerra, desborda las fronteras de EEUU, y los márgenes del actual debate.

Juan Francisco Coloane

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