La reciente nacionalización de la industria del cemento, apoyada por los obreros y sindicatos de ese sector, fortalece el vital desempeño de la economía nacional, la cual mostró en el segundo semestre de este año (por un período de 19 trimestres consecutivos) un alza notable en sus principales indicadores.

A pesar de los continuos ataques de la oligarquía venezolana, los planes de desestabilización organizados y puestos en práctica por Estados Unidos contra Chávez y su administración, la nación sudamericana continúa su plan de desarrollo nacional, ahora enfocado, fundamentalmente, en la ejecución de 26 nuevas leyes publicadas el pasado 31 de julio.

Como un ejemplo del trabajo que realiza el Ejecutivo bolivariano para mejorar la calidad de vida de los sustratos poblacionales más humildes, en lo que va de año diferentes ministerios financiaron más de cinco mil proyectos comunitarios, a un costo de mil 490 millones de dólares, indicó esta semana la Ministra para la Participación y Protección social, Erika Farías.

En entrevista a Venezolana de Televisión, Farías señaló que tales recursos estuvieron destinados a la construcción y reparación de viviendas, proyectos culturales y deportivos, servicios de agua y electricidad en las colectividades.

EL CEMENTO VUELVE A MANOS DEL PUEBLO

Cuando faltan poco más de tres meses para la celebración de las elecciones regionales, el gobierno bolivariano profundizó esta semana el proceso de nacionalizaciones, con la expropiación de una de las grandes compañías extranjeras productora de cemento y concreto, y la adquisición mayoritaria de las acciones en otras dos, lo que dio paso a una fiesta de los trabajadores de ese sector y sus dirigentes gremiales.

El anuncio del control estatal del cemento, elemento básico en la construcción, fue hecha el pasado domingo por Chávez en su habitual programa Aló, presidente. De inmediato, hubo una movilización de obreros, sindicalistas y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para apoyar el traspaso de las compañías Cementos Mexicanos (CEMEX), la francesa Lafarge y la suiza Holcim. Las tres empresas juntas producen 10 millones de toneladas anuales del importante producto.

Oscar Rondón, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Cemento en el estado Anzoátegui, donde CEMEX posee 740 empleados, garantizó la estabilidad del personal y la productividad empresarial, una vez que la entidad esté en manos venezolanas.

Uno de los líderes del Frente de Trabajadores Petroleros, Emiliano Urbano, precisó que "sin el control de nuestras corporaciones básicas no podemos hablar de socialismo en Venezuela. El rubro del cemento, precisó, es tan importante como el sector alimentario".

El Ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, informó que se negoció con Holcim la compra del 85% de las acciones por 552 millones de dólares, y el 89% de las de Lafargue, por 267 millones de dólares. Las dos entidades retuvieron el resto de la propiedad.

Rodríguez señaló que el caso de CEMEX fue diferente, pues la empresa solicitó mil 200 millones de dólares, en tanto su cotización en la bolsa de valores era apenas de 400 millones. Por ello, aclaró, se decretó la expropiación y un proceso de acuerdos legales para realizar inversiones en tecnología, que sitúen a la ex empresa mexicana al nivel de las otras dos.

Uno de los objetos de la medida es el relanzamiento del plan nacional de viviendas y otras construcciones, y con ello acelerar la prosperidad nacional.

En los últimos 24 meses, las nacionalizaciones de industrias claves, en manos privadas debida al anterior proyecto neoliberal imperante en Venezuela en las últimas dos décadas del pasado siglo, han sido piezas importantes en el crecimiento de la economía y el programa político denominado por Chávez Socialismo del Siglo XXI.

La influencia del traspaso al Estado de sectores básicos como siderúrgica, telecomunicaciones, electricidad, alimentación, y ahora la producción de cemento, hace posible la adquisición de activos en función de las transformaciones sociales.

El pasado mes, el gobierno adquirió el Banco de Venezuela, filial del consorcio español Santander, en un cambio considerado pacífico. Según voceros gubernamentales, la institución servirá, en lo adelante, a las comunidades y personas pobres.

En ese contexto, también fue nacionalizado el consorcio suizo Ternium S.A., así como la Siderúrgica del Orinoco, una de sus subsidiarias y la mayor productora de acero en la región andina y El Caribe.

NUEVA PRUEBA EN LAS URNAS PARA CHAVEZ

Cuatro años después del referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004, cuando el presidente Chávez recibió la aprobación del 60% de la población, el próximo 23 de noviembre el gobierno pasará otra prueba en las urnas con la celebración de elecciones regionales.

Aunque en esta ocasión no está en juego la permanencia del Mandatario al frente del Ejecutivo, los resultados de estos comicios son vitales para el proceso bolivariano, pues se elegirán 603 funcionarios: 22 gobernadores, 328 alcaldes, 233 miembros de Consejos Legislativos, 13 concejales al Cabildo Metropolitano de Caracas y siete al Ayuntamiento Metropolitano de Alto Apure.

Según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ese órgano recibió 17 mil 308 postulaciones.

Lucena refirió que 259 organizaciones políticas, 59 nacionales y 236 regionales presentaron sus candidatos, de los cuales se inscribieron cinco mil 789.

En medio de una polarización de las fuerzas partidistas del país, el sufragio decidirá, en esta ocasión, el equilibrio de las autoridades. Votar o no por un candidato oficialista significa, en el actual contexto venezolano, hacerlo en pro o en contra de Chávez y el socialismo que este proclama.

Hace pocos días, el Mandatario exhortó al pueblo a "pulverizar" a la oposición, ganar la mayoría de las gobernaciones y alcaldías e iniciar un nuevo período de profundización en las grandes transformaciones que se operan en la sociedad.

Sin embargo, líderes de partidos opositores, apoyados por los grandes medios de comunicación masiva, utilizan métodos tergiversadores para tratar de desvirtuar las bondades del proceso socialista, inspirados, según coinciden politólogos, en el triunfo que obtuvieron en diciembre pasado, cuando un plebiscito nacional rechazó una reforma constitucional propuesta por el líder bolivariano.

Como actual bandera política, la oposición critica el contenido de las recientes leyes dictadas por el presidente, en cumplimiento de la llamada Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional, la cual le permitir emitir decretos con rango y fuerza de ley.

Las nuevas 26 leyes comprenden un amplio abanico de modificaciones, desde cambios en la Fuerza Armada Nacional, hasta normativas para la adquisición de viviendas a ciudadanos de bajos ingresos.

Lo que busca la oposición está claro: adueñarse de las gobernaciones, ignorar las directrices del gobierno central — al estilo de lo que acontece en varios departamentos en Bolivia — crear el caos interno y sacar a Chávez del poder antes de que termine su mandato en el 2013.

Sin embargo, esos grupos carecen de un programa concreto para la nación, lo cual permite considerar que debe fracasar en sus intenciones de "golpe de estado en las urnas", tal como propugnan en su actual campaña.

Quienes siguen de cerca el proceso político venezolano estiman que estos comicios demostrarán la fortaleza del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, creado y liderado por Chávez) y otras agrupaciones aliadas, cuyos líderes consideran que el voto negativo en diciembre pasado a los cambios constitucionales se debió a errores tácticos y no a una baja de popularidad del Presidente.

Voceros de esas agrupaciones reiteraron en los últimos días que las elecciones regionales demostrarán la pujanza del proyecto socialista, pues las grandes masas populares rechazan el retorno al neoliberalismo.

En un reciente acto en el estado Guárico, Chávez reiteró que "si esta oligarquía vende patria, dirigida por el imperio yanqui, sale victoriosa, tengan la seguridad que el próximo año será de guerra, pues viene por mí".

De lo que se trata ahora, tal como dijo el Presidente, es de unificar todas las fuerzas revolucionarias del país, pues el 23 de noviembre está en juego el futuro de la Revolución Bolivariana.

Lidice Valenzuela

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