El Estado y La Crisis (II)
En Occidente, desde las etapas primitivas hasta el feudalismo, el poder se ejerció de modo brutal, directo y personal. Los caciques, los esclavistas y los príncipes feudales e incluso los primeros monarcas no necesitaban instituciones que mediaran entre ellos y sus súbditos totalmente excluidos de la política. Se trataba entonces de comunidades y territorios relativamente pequeños.
La formación de las nacionalidades, la definición de los territorios ocupados por cada una, la aparición de las monarquías absolutas que centralizaron el poder sobre grandes comunidades y enormes territorios introdujeron importantes mutaciones y con las revoluciones burguesas crearon escenarios enteramente nuevos.
La derrota del absolutismo, la instalación del capitalismo, la aparición de los Estados Nacionales y la instauración de la democracia liberal forman etapas de un proceso único cuya dialéctica permite una comprensión más cabal del sistema político moderno y de su núcleo esencial: el Estado/Nación.
La democracia liberal basada en la definición del pueblo como soberano que delega el poder en representantes electos, no se implantó por una concesión de las elites al pueblo, sino por una necesidad derivada de las dimensiones territoriales de los estados centralizados de Europa, el aumento de la población y el establecimiento del capitalismo. Gobernar de modo directo, sin instituciones intermediarias y hacerlo de modo autoritario se tornó inviable.
Ninguno de exponentes del liberalismo clásico, como tampoco Carlos Marx imaginaron que en un período histórico sumamente breve, pudiera desarrollarse una economía de las dimensiones de la de los Estados Unidos que se convirtió en punto de balance de la economía mundial y exigió un nuevo tipo de organización: los monopolios y las transnacionales que por su poder fueron capaces de retar al propio Estado que las había prohijado.
En honor a la verdad el Estado norteamericano se defendió y muchas veces confrontó a los monopolios y luchó contra su nefasta influencia. Circunstancialmente varios presidentes, el Congreso y el Tribunal Supremo, trataron de impedir que los trust absorbieran al Estado o se convirtieran en lo que llegaron a ser: estados dentro del Estado.
El primer caso fue la Estándar Oil Company que dos veces fue declarada ilegal. La primera en 1892 por el Tribunal Supremo de Ohio y la segunda en 1911. La primera vez gobernaba Benjamín Harrison y la segunda, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó su disolución el presidente era William Taft.
Jefferson, el tercer presidente norteamericano advirtió sobre los riesgos que planteaba el crecimiento desmesurado del poder del sector financiero, llamó a regular sus dimensiones y alertó sobre la peligrosidad de conceder a los bancos la potestad para crear dinero.
Andrew Jackson, el sexto presidente y el último dueño de esclavos, se enfrentó al Banco de los Estados Unidos y canceló su licencia. Fue el primer presidente en recibir un voto de censura por parte del Senado y el primero en sufrir un atentado.
En 1890, durante la administración de Benjamín Harrison se dictó la Sherman Act que declaró ilegales a los monopolios y a cualquier organización económica que atentara contra la libre empresa y en 1914 durante la administración de Woodrow Wilson, se aprobó la Ley Clayton creadora de la Comisión Federal de Comercio para, entre otras cosas, impedir las infracciones a la competencia originadas por los monopolios.
Theodore Roosevelt, alcanzó la presidencia cuando en 1901 William McKinley fue el primer mandatario norteamericano en morir en un atentado. De McKinley heredó la preocupación por la prominencia de los trust contra los cuales luchó, llegando a ser conocido como “trustbuster” o destrozador de monopolios.
Las palmas en la lucha contra la amenaza de los monopolios por anular la acción del Estado fueron para Franklin D. Roosevelt que, ante la crisis económica provocada por el crack bancario de 1929 y la anarquía en la producción que condujeron a la Gran Depresión, puso los resortes fundamentales de la economía norteamericana en manos del Estado, dictando leyes de emergencia bancaria, regulación agrícola, recuperación industrial y promoviendo un vasto plan de obras públicas.
Roosevelt estableció los subsidios agrícolas, limitó la producción de petróleo, estableció aranceles y fijó impuestos a las exportaciones agrícolas. Con dinero del Estado adquirió parte de la producción de los granjeros con la cual introdujo los cupones de alimentos, el almuerzo escolar, suplementos alimentarios para las embarazadas y para los pobladores de las reservas indígenas.
También otorgó protección federal a los sindicatos, limitó la jornada de trabajo e introdujo el salario mínimo, reguló las pensiones, el seguro de desempleo y otorgó subsidios para bienestar social.
Años después, John F Kennedy retomó esa lucha, esta vez contra la oligarquía que pretendió eternizar la segregación racial y contra la Reserva Federal que usó la facultad de crear dinero, prestarlo al gobierno y cobrar por ello impuestos a los ciudadanos para convertirse en un poder paralelo.
Todos los esfuerzos resultaron fallidos porque valiéndose de argucias legales, corrupción, tráfico de influencia y usando los resortes del gobierno los monopolios sobrevivían llegando a prevalecer sobre el Estado y la Nación.
Finalmente tales empeños fueron remitidos por la fiebre desreguladora que acompañó la “revolución conservadora” que de Reagan a Bush erosionó la función reguladora del Estado, usó el poder para privilegiar al sector de las finanzas, auspició la economía de casino y la especulación financiera, conduciendo a la actual crisis.
Jorge Gómez Barata
