El pasado 11, cuando ese día se cumplían 35 años de aquel aciago episodio que ensombreció Chile por más de 20 años, en Bolivia, el Mandatario indígena Evo Morales, y su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, denunciaban al mundo las intentonas de golpe de estado contra sus respectivos gobiernos, elegidos también de manera democrática en las urnas.

¿Qué tienen en común estos tres hombres latinoamericanos, que llegaron a dirigir sus respectivos países con el apoyo mayoritario de la población y que enfrentaron, en el caso de Allende, y enfrentan ahora, a las élites burguesas y los planes desestabilizadores de Estados Unidos, al igual que hace tres décadas hicieron en Chile?.

Ante todo, un rasgo político los iguala ante la historia latinoamericana, y es el avanzado pensamiento revolucionario, de profundas raíces humanistas y socialistas que mueven sus proyectos revolucionarios, con la marcada intención de reestructurar las bases económicas y sociales, lo cual conlleva un fuerte enfrentamiento a los planes desestabilizadores orquestados y financiados por Estados Unidos, con el apoyo de la disidencia interna, los cuales son dirigidos a derrumbar el poder popular.

Muchos artículos de prensa en América Latina, como el firmado por el colega Luis Hernández Serrano para Cubahora, El pueblo me pedirá explicaciones si me detengo, recordaban la digna actitud de Allende ante el traicionero golpe militar del general Augusto Pinochet debido a su decisión de "hacer posible un país diferente con perfiles propios".

En ese empeño andan también Chávez y Morales, el cual antes, 35 años atrás, al igual que ahora, resulta inaceptable para los intereses hegemónicos y del imperialismo estadounidense, que siempre se ha considerado con plenos poderes para intervenir en los asuntos internos de Latinoamérica.

El presidente venezolano alertó al mundo sobre la intentona golpista de un grupo de militares, que tratarían de asesinarlo, creyendo que con su muerte concluirá el profundo proceso político inspirado en los pensamientos del Libertador Simón Bolívar.

El pasado día 11, la situación interna en Bolivia se tornó en extremo grave, cuando los prefectos oposicionistas, en desacato a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los satisfactorios resultados que trajo a Morales y su vice, Carlos García Línera, el referendo revocatorio del pasado mes (mas del 67% de los bolivianos se pronunciaron por la permanencia de ambos) alentaron la toma de empresas y entidades claves de la economía nacional situadas en esos territorios.

SABOTAJE Y TERROR DESATAN GRUPOS VANDÁLICOS Y DE MERCENARIOS

Empresas recientemente nacionalizadas por el gobierno central, centros de comunicaciones estatales y plantas energéticas sufrieron el sabotaje de grupos terroristas, los cuales tratan de causar el desabastecimiento de productos vitales para el país y la población, y crear un caos artificial.

Desde hace unos 20 días, los llamados Comités Pro-Cívicos de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca ordenaron a hordas de vándalos, paramilitares y mercenarios contratados en Perú y Brasil (según informó el gobierno de La Paz) a que sembraran el odio y el terror contra los seguidores de Morales.

Las acciones comenzaron por la oriental Santa Cruz, pocas horas después del retorno de Estados Unidos del dirigente cívico de Santa Cruz, el croata Branco Marinkovic, quien está directamente vinculado con la embajada norteamericana en la capital boliviana, refieren medios internacionales de prensa. La extrema situación se trasladó casi de inmediato a los otros territorios opositores.

Ante la actitud injerencista del embajador norteamericano, Philip Goldberg, quien fue filmado incluso cuando asistía a una reunión clandestina con el prefecto de Santa Cruz, el gobierno de Morales decidió expulsarlo del país. Goldberg era jefe de misión en Pristina, Kosovo, y es calificado como uno de los promotores del desmembramiento geográfico de Yugoslavia, tal como la contrarrevolución intenta ahora hacer en Bolivia.

La expulsión de Goldberg es una cuestión de dignidad para el pueblo boliviano, aseguró Morales en una concentración popular en Cochabamba, ya que se comprobaron las crecientes actividades del diplomático en apoyo al plan secesionista impulsado por los prefectos de la llamada Media Luna.

El embajador norteamericano antes de su salida de Bolivia, había sido llamado en siete oportunidades a la cancillería para responder a fuertes señalamientos sobre sus reuniones secretas con los líderes oposicionistas Leopoldo Fernández (Pando), Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y Mario Cossío (Tarija).

En solidaridad con Bolivia, el presidente Chávez, también expulsó al jefe de la misión diplomática estadounidense en Caracas, Patrick Duddy, quien también ha dado reiteradas demostraciones de hostilidad de su gobierno contra Venezuela, mientras el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, decidió postergar la recepción de Cartas Credenciales del nuevo embajador de la Casa Blanca en su país.

En opinión de Chávez, la derecha boliviana, alentada por Estados Unidos, está haciendo un cerco en torno a La Paz para realizar un golpe imperialista, y advirtió que la oligarquía intentará caer sobre esa ciudad.

La situación más tensa ocurrió en el estado de Pando, a unos mil kilómetros al norte de la capital boliviana, donde unas 30 personas, la mayoría campesinos seguidores de Morales, fueron asesinados, algunos a mansalva, por los mercenarios contratados en naciones aledañas.

El prefecto de ese territorio amazónico, declarado en estado de sitio por el gobierno central, ha sido llamado a suspender la ola de violencia fomentada desde su gobernación, pues según el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorente, se comprobó la presencia de sicarios peruanos y brasileños, los que quemaron viviendas, impidieron la atención hospitalaria de los heridos y crearon una convulsión social en la zona.

EXPECTACIÓN ANTE POSIBLE DIÁLOGO CON LA OPOSICIÓN

En ese contexto, el gobierno de Morales intenta, una vez más, establecer un diálogo con la oposición, en aras de detener el brote de violencia.

La pasada semana, Cossío, prefecto de Tarija, se personó en el Palacio Quemado, la sede gubernamental de la Paz, y declaró a la prensa que "la primera tarea es pacificar el país. Nuestra presencia tiene que ver con esa voluntad clara de establecer las bases y, ojalá, abrir un proceso de diálogo que permita llegar a un gran acuerdo de reconciliación nacional".

Cossío representa al Consejo Nacional Democrático (CONALDE), que nuclea a la oposición, y presentó ante el gobierno las supuestas "reivindicaciones" de la Media Luna, entre ellas, que no se les aplique el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (con el cual el Gobierno pretende apoyar a sectores sociales vulnerables, como los mayores de 60 años), mantener la vigencia de los Estatutos Autónomicos para desligarse del nivel central, nueva discusión del proyecto de la Constitución Nacional, cuyo referendo aprobatorio está marcado para el próximo 7 de diciembre, y el tema del narcotráfico.

Por su parte, el presidente Morales, indican medios periodísticos, propone que sobre esos temas puntuales para el desarrollo de la nación se pronuncien también las alcaldías de 327 municipios y los beneficiados por la renta de vejez y los niños que reciben el bono escolar para que continúen en las aulas. El dinero para solventar tales programas sociales sale de la renta petrolera.

Mientras, este lunes se celebra en Santiago de Chile la cumbre de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), cuyos miembros ya expresaron su respaldo al gobierno legitimo de Bolivia (como de manera masiva lo hizo América Latina e instituciones internacionales) y anunciaron que favorecerán la mesa de diálogo con la oposición, la cual no respetó el abrumador triunfo de Morales en el reciente referendo revocatorio.

Esta semana puede resultar crucial en la crisis política interna que sufre el pequeño y empobrecido país andino, que por primera vez en su historia republicana posee un gobierno que se preocupa y ocupa por el futuro de su legendario pueblo.

Lídice Valenzuela

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