La continuidad de la presencia militar estadounidense en América Latina, con impulsos pendulares en el espacio y el tiempo, cobra en la actualidad matices relevantes puesto que, a diferencia de otros momentos históricos, actualmente puede caracterizársela como un fenómeno multidimensional, donde cada una de sus manifestaciones se articula eficientemente para asegurar el control integral.

Sin dudas, podemos ver un rebrote sintomático luego de los episodios del 11 de septiembre de 2001, cuando todo el discurso sobre la política exterior estadounidense se centró en la seguridad interna, siendo además un amplio consenso bipartidario.

La reconstrucción de un orden mundial estructurado en la escisión entre los países pertenecientes al “bloque del bien” y aquellos que ideológicamente distintos son posicionados en “el eje del mal”, aggiornó la figura del terrorismo, fenómeno no definido explícitamente debido a obstáculos epistemológicos insalvables y construido desde el imaginario de lo posible, con lo cual se vuelve omnipresente apelando por tanto a cuestiones relativas al control social.

Una mirada en perspectiva histórica nos permitirá llegar al hito de la doctrina Monroe, sintetizada en la frase “América para los americanos”, que en el siglo XIX y dentro del proceso de colonialismo e imperialismo se dirigió principalmente a las potencias europeas, para manifestarles que los Estados Unidos no tolerarían ninguna interferencia o intromisión en América.

Es a comienzos del siglo XX, cuando Estados Unidos afirma su destino manifiesto, explícito en 1904 en el Corolario de Theodore Roosvelt, donde afirmó que si un país americano situado bajo la influencia de los EEUU amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno estaría obligado a intervenir en los asuntos internos del país "desquiciado" para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas.

Este corolario supuso, en realidad, una carta blanca para la intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Prueba de ello son las decenas de violaciones a la soberanía y autodeterminación de los pueblos de América Latina.

Un racconto del pasado reciente nos remite a la ola de dictaduras en América Latina, respaldadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional , producto del pensamiento de la Guerra Fría que ideada por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, mantuvo dividido al mundo en dos campos antagónicos.

La divulgación de la misma se hizo a través del entrenamiento de los distintos ejércitos latinoamericanos en la Escuela de las Américas, situada en Panamá entre 1946 y 1984 y que tenía por objetivos “traer el orden y la estabilidad política” a la vez que “rescatar a los países de ideologías peligrosas”.

En ella se graduaron 60.000 militares y policías de 23 países de América Latina, muchos de ellos especial y connotadamente vinculados a las dictaduras militares y cívico – militares, y a los delitos de lesa humanidad cometidos durante el transcurso de las mismas.

A través de esta doctrina EEUU consigue unificar el accionar de las distintas dictaduras genocidas latinoamericanas, instaladas por la CIA , como la de Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay, Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri en Argentina, Juan María Bordaberry en Uruguay, el Gral.Banzer en Bolivia, la dinastía de los Somoza en Nicaragua, El Salvador durante sus más sangrientos años de guerra civil y Julio César Turbay en Colombia.

La doctrina llega a formar una parte importante de la ideología de las fuerzas armadas en América Latina, quienes por primera vez extienden su papel de defensores de las fronteras nacionales con la defensa contra el propio pueblo.

Además la doctrina propaga una visión amplia del enemigo: no sólo se consideran terroristas insurgentes a quienes portan armas como bombas o revólveres, sino también a las personas que propagan ideas en contra del concepto de la sociedad nacional que tiene el gobierno. Cuando se interpreta al enemigo insurgente de tal manera, se puede fácilmente ordenar a todo el mundo bajo esta definición, según conviene por otros motivos.

Además, los insurgentes son considerados subversivos, traidores a la patria y por consiguiente no se los ve como sujetos de derecho sino como seres viles, animales o fuentes de maldad. Por esto la doctrina justifica utilizar los métodos más atroces para tratar y eliminar al enemigo.

Hoy, la nueva definición del enemigo, está asociada a aquellos colectivos que desde la organización, resisten a los embates de control sobre elementos clave para la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos, como son el territorio, los recursos naturales y la población.

El dominio sobre las materias primas, la mano de obra (barata y / o esclava) y el mercado, son los factores estratégicos para la consolidación del sistema capitalista occidental, y por tanto, prioridades para los grandes grupos de negocios asociados al poder político y económico transnacional.

La búsqueda de la imposición de un nuevo orden económico y social de carácter mundial está garantizada a través de la fuerza y de las armas: leyes, autoridades, ejércitos y otras instituciones funcionales al mismo.

En este contexto, surgen los tratados comerciales asociados a la remilitarización de América Latina, muchas veces tras rondas de negociación del G8, la OMC , la UE o EEUU, para establecer “reglas” entre los líderes del gran capital en su lucha por áreas de influencia segura.

En este marco, EEUU, propuso el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que fracasado en su propuesta integral, es desglosado e impulsado bajo la forma de acuerdos bilaterales de “libre comercio”.

Los planes económicos para nuestra región comportan además, aspectos culturales, laborales, fiscales, monetarios, ambientales y por supuesto políticos y sociales. Paralelamente, EEUU desarrolla planes de remilitarización de la región, asociados también a lo que ha definido como sus prioridades: la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los “populismos radicales”.

Así ha articulado, con la estrecha colaboración y anuencia de los gobiernos nacionales, el Plan Colombia (con su Iniciativa Regional Andina), el Plan Puebla Panamá, el Plan Triple Frontera que sumados a los entrenamientos de fuerzas especiales, ejercicios militares de cooperación, navales, operativos de “paz” y humanitarios, (Nuevos Horizontes, Amistad con las Américas, SIFOREX, Teamwork, Operativos Medrete, Operaciones UNITAS, etc.) las más de 30 bases militares (tradicionales y de sofisticada tecnología) y la reciente reedición de la IV Flota de la Marina Estadounidense , constituyen una sofisticada red de monitoreo y control de América Latina.

Tampoco debemos dejar de mencionar a la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IIRSA, ambicioso proyecto de ordenamiento territorial. Ocho corredores multimodales (hidrovías, carreteras, vías ferroviarias) que funcionalizan la región de América del Sur en consonancia con las exigencias del mercado y su demanda de recursos naturales.

La resistencia de los pueblos organizada en torno a la preservación de los recursos naturales, las tierras ancestrales y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se enfrenta al poder de los grandes capitales en claras expresiones contra la instalación de zonas francas que someten a hombres y mujeres a nuevas formas de esclavitud, mega proyectos de infraestructura (hidroeléctricas, hidrovías, megacarretaras, etc.) que avasallan a poblaciones enteras, alterando además irreversiblemente el medioambiente.

Extracción de recursos minerales (agua, gas natural, petróleo, cobre, etc.), la planación desenfrenada para la producción de celulosa, el cultivo hiperextensivo e invasivo para la producción de agro combustibles, la patentización de la flora autóctona, el impulso violento a los cultivos transgénicos que aniquilan los centenarios bancos de semillas criollas, etc.

Un mapeo de estos tres componentes –recursos naturales, movimientos sociales y bases y ejercicios militares- y una posterior superposición , reflejará que en aquel lugar del territorio que se localicen recursos naturales, encontraremos también intereses multinacionales de apropiación, colectivos organizados que los defienden y concomitantemente, la presencia económica y militar amedrentadora que controla y además insta a los gobiernos a articular dispositivos obsecuentes a sus intereses.

Tal es el ejemplo de las leyes del terror, mal llamadas leyes “antiterroristas”, que dan marco legal para la criminalización y la judicialización de la protesta social, las leyes de “gatillo fácil”, la estructuración de “guardias de seguridad” vecinales, urbanas y rurales, las “comisiones garrote”, cuerpos paramilitares, policías y ejércitos privados que custodian los intereses del poder económico transnacional.

Las divisiones entre seguridad y defensa, se van diluyendo y los ejércitos nacionales, entrenados y asesorados por EEUU asumen nuevos roles, entre ellos, el control ciudadano.

Probablemente, la rebeldía y la resiliencia con que nuestros pueblos enfrentan las secuelas del pasado reciente y los desafíos del presente, ha llevado a que EEUU recurra a las viejas herramientas disciplinadoras.

El discurso antiterrorista construye subjetividades, genera una “verdad” y ella habilita la dominación. Para ello, a diferencia del período anterior, ahora no es necesario eliminar al enemigo sino crearlo.

Los signos son elementos elocuentes a la hora de interpretar realidades.

Ana Juanche, Coordinadora Latinoamericana del Servicio Paz y Justicia en América Latina

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