La Corte, que sesionó en el marco de la Cumbre Social paralela a la oficial V Cumbre de América Latina y el Caribe – Unión Europea, resolvió también denunciar a nivel mundial las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal.

Esas conductas son ejecutadas y permitidas por los estados y las instituciones de la Unión Europea, bajo la argucia de promover el crecimiento y el desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, señala el

El pronunciamiento del tribunal presidido por François Houtart condena a las transnacionales de capitales privados y estatales europeos, por graves, claras y persistentes violaciones.

Añade que esas violaciones antentan contra los principios, normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades, nacionalidades, familias y personas de los pueblos de la región.

El tribunal resolvió pedir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un Relator Especial para que a la brevedad presente a la Asamblea General una propuesta para caracterizar los conceptos de deuda ilegítima, ecológica e histórica.

El relator deberá proponer además la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales contra las personas y los pueblos por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales, añade el dictamen.

Plantea que la ONU cree un Tribunal Internacional para el juzgamiento de los crímenes económicos y ambientales donde las víctimas individuales o colectivas puedan constituirse como parte accionante legitima.

También que los órganos de justicia internacionales y nacionales ventilen los casos tratados, que atañen a empresas como las españolas Repsol, BBVA y Unión Fenosa, la italiana Telecom, la alemana Bayer y otras.

Pide a los gobiernos y estados de la Unión Europea y a los organismos comunitarios que sometan sus relaciones económicas internacionales y sus decisiones económicas y de cooperación internacional, a los estándares de respeto de las convenciones, pactos internacionales y declaraciones y normas internacionales en materia de desarrollo humano, democracia y protección ambiental.

Propone igualmente que los tribunales reconozcan el derecho a recurrir a la justicia y demandar las responsabilidades y la reparación de eventuales violaciones de derechos por parte de empresas, instituciones financieras públicas y privadas, fuera de sus territorios.

Exige a las transnacionales y organismos financieros internacionales que abandonen la doble moral y asuman el compromiso de hacer efectiva una política que respete los derechos humanos.

Asimismo, pide exhortar a los estados y gobiernos de América Latina y el Caribe a garantizar la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos privados e impidan la privatización de recursos fundamentales como agua, aire, tierra, semillas y patrimonio genético.