Venezuela asume el control del mercado interno de combustibles
Venezuela se encamina hoy al control del mercado interno de combustibles líquidos mediante un proyecto de ley para eliminar los monopolios y enfrentar deformaciones como el contrabando estimado en 30 mil barriles diarios de gasolina.
La Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos fue aprobada en primera lectura en la Asamblea Nacional esta semana y, en medio de un ataque concentrado de la oposición, se comenzó a discutir públicamente.
La Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos fue aprobada en primera lectura en la Asamblea Nacional esta semana y, en medio de un ataque concentrado de la oposición, se comenzó a discutir públicamente.
Tal como prescribe el mecanismo parlamentario nacional el proyecto pasa a ser discutido públicamente antes de ser llevado a una segunda lectura para su aprobación definitiva.
Autoridades y parlamentarios consideran dañinos los monopolios del transporte y distribución y estiman que Petróleos de Venezuela (PDVSA) debe asumir el papel hoy en manos de intermediarios, incluyendo transnacionales.
El esquema utilizado hasta hoy es que el Estado, mediante PDVSA y con recursos públicos, saca el petróleo y lo procesa, pero se le entrega a los intermediarios como Texaco y British Petroleum que abanderan las estaciones de servicio.
El Estado se reserva el derecho de asumir el control de empresas de transportistas que considere y el 60 por ciento de las acciones en otros casos, mientras los dueños de estaciones de servicios mantendrán su propiedad, en Venezuela una tradición familiar.
El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, adelantó que se negocia con unas 20 empresas que serán expropiadas si no se logran acuerdos. El artículo dos del proyecto establece que ese ministerio determinará cuáles empresas pasarán al Estado.
La iniciativa pretende garantizar un servicio de combustible líquido más eficaz y condiciones de seguridad que impidan la repetición de un boicot como el ejecutado durante el paro empresarial contra el presidente Hugo Chávez en 2002-2003.
En opinión del presidente Chávez el control privado del sector propicia deformaciones, porque no se instalan estaciones de servicios en lugares alejados donde se estima no existen grandes márgenes de ganancia.
La propuesta se incluye asimismo en una proyección de estímulo de la economía popular, pues se planea construir nuevas estaciones de servicio bajo el control de los consejos comunales.
Los planes incluyen la constitución de una empresa nacional de transporte adscrita a PDVSA con unos dos mil choferes y mecánicos.
